En este blog, siempre he hecho hincapié en
mi deseo de diversificar mis artículos: diversidad en las temáticas abordadas,
las regiones del mundo o las poblaciones concernidas. Después haber presentado una asociación
humanitaria, un proyecto de ley para uniformizar un sistema de salud, los
impactos sanitarios de la crisis sobre la gente o el trabajo de terreno del
personal humanitario, quería hablar de una grave traba al derecho a la salud que fue al centro
de la actualidad hace pocos años: el escándalo de las prótesis PIP.
No es un secreto a voces, a muchas mujeres no
le molestarían tener pechos más grandes. Y cada vez más mujeres deciden
recurrir a la cirugía estética para acabar con este complejo físico. En el
mejor caso, salen del hospital y pueden vivir normalmente. Pero eso no era el
caso para todas las mujeres que recibieron prótesis PIP, hechas a base de goma
industrial, o sea un producto totalmente inadaptado en medicina.
¿Qué ocurrió?
La empresa Poly-Implant
Prothèse (PIP), creada en 1991, está al origen de ese escándalo de salud
pública. A la cabeza de PIP, hay un
empresario francés, Jean-Claude Mas, que tiene muy poca experiencia en la producción
de implantes. Durante casi veinte años, PIP fabricó una 100.000 prótesis
mamarias al año y exportó sus productos hacia Europa y sobre todo en América
Latina. Sin embargo, Mas no fabricaba
sus prótesis mamarias con la silicona autorizada y creó un nuevo gel al
remplazar el 75% del gel autorizado por un gel industrial, menos más caro; de hecho
era diez veces más barato que el homologado, lo que permitía a la empresa ahorrar
un millón de euros al año. Es una silicona destinada a uso industrial es
altamente tóxica (se utiliza normalmente en carburantes).
El escándalo estalló en marzo de 2010 gracias
a las denuncias de cirujanos que habían constatado una mayor tasa de ruptura de
las prótesis PIP. Alertada por organismos de defensa de la salud, la Gendarmería investigó el caso y descubrió
que la empresa hallaba un
gel industrial no homologado en sus plantas. Inmediatamente,
las autoridades decidieron retirar las prótesis del mercado francés. En 2011, los
casos de roturas e irritaciones aumentaron de manera muy preocupante y se lanzó una alerta en toda Europa con
vistas a advertir a la población de los riesgos sanitarios que representaban esas
prótesis.
Comparación
(1) prótesis “sana” realizada respectando las normas médicas y (2) una prótesis
PIP retirada tras unos meses en el seno de una paciente.
El escenario más corriente es el siguiente: el
implante se rompe, la paciente empieza a padecer muchas irritaciones o
inflamaciones al entrar en contacto el gel con los tejidos mamarios. Muchas
mujeres han desarrollado cánceres después de su operación pero hoy en día nada se
ha podido demostrar a nivel clínico. Unas 30.000 ciudadanas francesas
susceptibles de llevar prótesis mamarias defectuosas. De momento, ocho casos de
cáncer en Francia han sido diagnosticados –y 20 en todo el mundo.
Explicación
y dibujo de un seno con reacción inflamatoria por la rotura de una prótesis (1)
y del proceso para quitársela (2)
¿Qué medidas han sido puestas en
marcha?
Por su parte, en 2011 la Sanidad Pública francesa
inmediatamente declaró que cobrara el gasto de retirar los implantes a todas
las afectadas. Hasta 2013, 15.000 francesas han decidió pasar otra vez por el
quirófano para quitárselas. Las autoridades también recomendaron la retirada de
las prótesis y aún más si se sospechaba un caso de rotura. Además el estado se
comprometió en sufragar los gastos que suponían esa cirugía. Por su parte, en España
sólo se recomienda quitárselas si se trata de un caso de rotura y los gastos
son a cargo de las víctimas.
¿Y hoy?
El juicio de Mas se ha acabado hace unos días
y ha sido condenado a pagar una multa de 75.000 euros y a cuatro años de cárcel.
Durante su juicio, ha afirmado que engaño voluntariamente a los inspectores
pero todavía declara también que el nuevo producto no era dañino para la salud.
Los unos 141 empleados de la empresa estaban al corriente del uso de este producto
no autorizado. Sin embargo decidieron callarse sobre el escándalo porque temían
que sus testigos se tradujeran por bajadas de salarios. El problema es que la
empresa Poly Implant Prothèse (PIP) está en quiebra y los cinco acusados principales
son insolventes, lo que dificulta la posibilidad de ofrecer indemnizaciones a
las víctimas. Por fin, será el estado francés que se ocupará de las
compensaciones pecuniarias. Sin embargo, los fondos públicos de indemnización son
limitados por un techo de 4.200 euros por persona. Hoy por hoy algunas
asociaciones de personas afectadas quieren que el caso sea entre las manos de
la Unión europea para que las compensaciones sean mayores y que decisiones sean
tomadas a un nivel internacional de manera a poner fin a este escándalo.
¿Por qué eso me indigna?
Bueno porque si las autoridades tantas
francesas como españolas (u otro) hubieran hecho su trabajo de proteger a sus
ciudadanos contra problemas tan graves como el uso de silicona industrial para
implantes, se habrían evitado cánceres, muertes y otras reacciones inflamatorias.
En este caso, los ciudadanos, mejor decir, ciudadanas no han beneficiado de su
derecho a la salud. Por su falta de control del producto, de inspecciones en la
fábrica, etc. Las autoridades no han
cumplido su función, la de garantizar acceso a material salubre y de proteger a
su gente.
Fuentes:
