La semana pasada, había evocado
la temática del impacto de la crisis sobre el derecho a la salud. Esta
semana también voy a abordar esa problemática al evocar el debate que está
provocando una polémica en España desde hace un año: el copago farmacéutico.
Esa medida fue admitida por la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el Congreso en
diciembre 2012. Esa decisión consiste en imponer el copago para 32 fármacos de
dispensación hospitalaria -que se venden en las farmacias de los hospitales-,
es decir que en cuanto la medida ha entrado en vigor, el día 1 de octubre, los
pacientes que padecen ciertas patologías, sobre todo las crónicas, deberían pagar
parcialmente su tratamiento. Se trata de pagar un importe que equivale a un
10% del precio total del fármaco sin embargo la participación del
paciente no puede ser superior à 4,13 euros por envase. Otro aspecto de la
medida es que esos medicamentos que antes estaban disponibles en las oficinas
de farmacia, ahora sólo los dan los hospitales para permitir un “mayor control”.
Los fármacos afectados son varios y curan enfermedades crónicas o muy graves
como cáncer, tumores cerebrales, leucemias, hepatitis B o C, pero también
asma, psoriasis o intolerancia a la lactosa.
Hay más oponentes que partidarios del copago farmacéutico, en la oposición
se puede mencionar profesionales de la salud como médicos o expertos,
sindicatos o partidos políticos. Las razones de esa oposición son varias. Primero, de momento, no se
puede evaluar con exactitud los ingresos que representa esa medida pero se considera
que serían poco relevantes en comparación a la molestia que provoca a los
afectados al tener que pagar por ellos. Y no hay que olvidar que la
instalación de servicios de cobro en las farmacias hospitalarias –cosa que
nunca se ha hecho en España- tendrá un coste que no ha sido evaluado
previamente. Segundo, algunos expertos lamentan el hecho de que no han sido
consultados por Sanidad antes de la puesta en marcha de tal decisión, en efecto,
el ministerio ni preguntó por una simple evaluación del número de pacientes que
serían afectados. Tercero, muchos oponentes consideran que la decisión de Sanidad
representa una penalización contra los ciudadanos y perjudica el derecho de los
pacientes a una atención sanitaria de calidad, que está consagrado en la
Constitución española así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En otras palabras, según ellos, se trata de empobrecer y castigar a los más
vulnerables.
Entre las comunidades autónomas, actores principales de la puesta en
marcha de la medida y entre otras de la organización del cobro de los
medicamentos, muy pocas son las favorables o listas para el copago farmacéutico.
¿Por qué? Bien porque no disponen de los recursos financieros para ello, como en
Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura, o bien porque no
están de acuerdo con la aplicación de tal medida, como en Asturias, País Vasco,
Canarias y Andalucía. De momento, sólo Ceuta y Melilla han implementado el
copago.
Fuentes:
http://noticias.lainformacion.com/salud/medicamentos/manana-entra-en-vigor-el-copago-farmaceutico-hospitalario_PSW9Hc4Dzj8YmtEdbxVHk1/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/14/actualidad/1355504493_147084.html